Santo Domingo.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó a la Junta Central Electoral emitir una resolución que  requiera al presidente de la República, Danilo Medina,  y demás funcionarios públicos el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales  a que en consciencia se abstengan  de participar en activismo político y del uso indebido de los recursos del Estado en estas actividades.

En comunicación entregada esta mañana por el delegado Político en la JCE, Orlando Jorge Mera, y los abogados Antoniano Peralta, Luis Soto, y Julio Peña, delegado adjunto el PRM precisa que ha sido notoria la participación de funcionarios públicos en actividades proselitistas o de promoción electoral del candidato oficialista, situación que se ha agravado con la presencia pública del señor presidente de la República en un acto de naturaleza político-electoral en la ciudad de La Vega el día 17 de noviembre pasado.

Esta conducta, puntualiza el PRM, está sancionada por la Constitución de la República Dominicana, por la Ley de Función Pública y por la Ley Orgánica del Régimen Electoral, entre otras.

“El artículo 146.2 de la Constitución, en relación con la proscripción de la corrupción, indica que será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”, precisan.

Y advierte que el artículo 80.13 de la ley 141-08 de Función Pública, establece que a los servidores públicos les está prohibido servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así́ como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución.

De su parte, el artículo 196 de la Ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral prohíbe utilizar las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos a cargos de elección popular.

Del mismo modo esta disposición establece que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar campañas o proselitismo en favor de un partido o candidato.

La indicada Ley número 15-19 le atribuye competencia a esa Junta Central Electoral para decidir lo solicitado en esta instancia, cuando establece en su artículo 18.15, entre sus competencias: dictar las disposiciones que considere pertinentes para asegurar la correcta aplicación de las disposiciones de la Constitución y las leyes en lo relativo a las elecciones y el regular desenvolvimiento de éstas, citan.

En diferentes oportunidades el PRM ha refutado el argumento de que los funcionarios hacen campaña fuera de su horario laboral, advirtiendo que no es posible que se produzca un desdoblamiento en la personalidades del funcionario y el político y ha insistido que allí donde se mueven los funcionarios con sus escoltas y aparataje de personal, vehículos, combustibles y otro servicios son usados los fondos públicos, lo cual es abusivo e ilegal.

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