Santo Domingo.- En ocasión del Día Nacional del Poder Judicial, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, adelantó varias propuestas que se propone impulsar desde la Presidencia de la República para fortalecer la institucionalidad  de la Justicia dominicana.

Según señala un comunicado, al citar los elementos fundamentales que deben considerarse en una reforma judicial, Abinader favorece que el  Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por un período de seis años, sin posibilidad de ser reelecto en el cargo y que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia solo pueda ser ejercida por un juez de carrera.

“Hemos insistido en la idea de conformar un verdadero Ministerio Público independiente, que actúe al margen de los intereses políticos partidarios y cuyas  decisiones no estén afectadas por elementos ajenos al ideal de la justicia, dada su condición de representante de la sociedad”, expresa el principal líder opositor del país.

Considera que al lograr la independencia del procurador, se podrá obtener también  la despolitización del ministerio público en su composición general, ya que el Consejo del Ministerio Público dejaría de estar bajo el control del Poder Ejecutivo.

“Con esto lograríamos que este órgano no dependa del Poder Ejecutivo y a la vez no requiera mantener una relación “estrecha” con los sectores de poder político, ya que su designación será por un único período”, apunta Abinader.

Logrando la independencia del procurador, a la vez se podrá obtener la despolitización del Ministerio Público en su composición general, ya que el Consejo del Ministerio Público dejaría de estar bajo el control del Poder Ejecutivo.

Pero agrega que “en  adición a la designación del procurador el Consejo designaría dos de los procuradores adjuntos, quedando la escogencia de los otros restantes en la manos del propio procurador”.

Considera el economista y dirigente político que la desvinculación de la Procuraduría General de la República del Poder Ejecutivo requerirá substraer de su esfera algunas de sus competencias actuales que son propias del poder ejecutivo y asignarlas a lo que podría ser un nuevo Ministerio de Justicia.

Y apunta que el Ministerio de Justicia sería responsable de la política criminal del Estado, de la supervisión del sistema penitenciario; de ejercer la representación en justicia del Estado; actuar como  el órgano de adscripción de la representación jurídica ante los tribunales contenciosos administrativos; supervisar el ejercicio de la profesión de abogado; coordinar el servicio de defensa pública, y representar  al Estado ante organismos internacionales y de cooperación judicial, entre otras funciones de importancia.

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